Artículo de monseñor Antonio Marino, obispo de Mar del Plata,
publicado en el Diario La Capital, de Mar del Plata (agosto de 2011)
En la Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires se ha presentado recientemente un proyecto de ley que propone la supresión de símbolos religiosos (crucifijos, imágenes de la Virgen) en los espacios públicos. La Dra. María José Lubertino invoca el “derecho a no creer”. Existen otros antecedentes que van en la misma dirección, como el cuestionamiento de la presencia del signo de la cruz en el escudo de la ciudad de Buenos Aires, o la propuesta del retiro de los restos del general San Martín del recinto de la catedral primada.
Si tomáramos en serio la propuesta de erradicar los símbolos religiosos de las instituciones civiles y de los espacios públicos, esto nos llevaría muy lejos. La aplicación coherente y sistemática de este principio impulsado por una minoría, parece suponer que en la organización de la sociedad se puede ignorar su pasado y su identidad histórica y cultural. Esto equivaldría a pretender fundar nuevamente la patria sobre fundamentos diversos de los ya puestos. Sería preciso cambiar el preámbulo de la Constitución Nacional donde invocamos a Dios como “fuente de toda razón y justicia”. Habría también que eliminar el artículo 2 de la misma, conforme al cual la Iglesia Católica es considerada como una institución de derecho público.
Deberíamos notar que según la misma línea argumentativa, que ve en los símbolos religiosos una amenaza para la democracia y la libertad, deberíamos entonces cambiar los nombres de innumerables ciudades, provincias y calles que llevan la marca de lo cristiano y católico. ¿Habrá que rebautizar a las provincias de Santa Fe, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero? ¿Le cambiaremos el nombre a las ciudades de Jesús María, Exaltación de la Cruz, Concepción (Tucumán), Concepción del Uruguay (ER), Pilar, San Miguel de Tucumán, Santa Rosa (LP), San Salvador de Jujuy…? ¡La lista sería tan larga! Por no hablar de los resabios del lenguaje bíblico que han quedado impresos en las lenguas romances y en la lengua castellana en que nos expresamos, y que sería largo ilustrar. Un botón de muestra: ¿de dónde proviene el hablar del “talento” de una persona? La propuesta, de ser llevada a cabo en forma sistemática y coherente, desembocaría en la negación misma de la historia y de la cultura de occidente.
Subyace en esta postura el temor de una indebida injerencia de la autoridad eclesiástica en las instituciones civiles de la República. La tensión no es de ahora. Pero una mirada serena y objetiva sobre la historia de la cultura occidental, nos llevaría a descubrir que es precisamente el cristianismo la fuerza espiritual que ha llevado a distinguir, sin oponer, el ámbito del poder espiritual y el ámbito del poder político. “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22,21). Rectamente entendida la laicidad del Estado se origina con la fe cristiana. Otra cosa distinta es el laicismo, que intenta marginar a Dios de la vida pública y relegarlo al interior de la conciencia y al interior de los templos.
Curiosamente se habla del “derecho a no creer”. ¿A alguien se lo persigue por no creer? ¿No habría que hablar del derecho a creer? ¿O por defender el derecho de minorías debemos atacar las convicciones de las mayorías? Además, ¿nuestra patria debe renunciar a su pasado y a su identidad histórica y cultural?
Mons. Antonio Marino, obispo de Mar del Plata
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